|
¿A
quién favorece la ley de ceses colectivos?
Hace una
semana, el Congreso de la República aprobó una ley
que debía resolver la situación de miles de personas
despedidas arbitrariamente durante la dictadura fujimorista.
Pero esta ley propone solucionar el problema de setenta y seis mil
desempleados, dejando abierta la posibilidad de que también
se acojan los trabajadores que sí recibieron indemnizaciones
o incentivos a cambio de sus renuncias.
El Ejecutivo ha anunciado que observará la ley, y los trabajadores
despedidos le han respondido con nuevas protestas.
Escriben
María Isabel Torres y Silvia Cuevas / agenciaperu.com
La ley de ceses
colectivos aprobada en el pleno del Congreso hace diez días,
ordena la reposición de setenta y seis mil trabajadores estatales
despedidos durante el fujimorismo.
La ley, elaborada
con la pluma de José Luis Risco, Unidad Nacional, Jhonny
Lescano Anchieta, de Acción Popular, Luis Negreiros y Javier
Velásquez Quesquén, del APRA, podría ser una
buena noticia. Pero, ¿se hará realidad?
Los legisladores
son los primeros en despertar las expectativas de los antiguos trabajadores.
Para José
Luis Risco, el decreto ofrece que, por ejemplo, los ex trabajadores
mayores de cuarenta años se puedan reincorporar a sus trabajos.
Y Velásquez, es de la idea de que aquellos que la norma es
un acto de justicia para aquellos que "verdaderamente han sido
injustificadamente echados a la calle".
El entusiasmo
de los congresistas es casi ilusorio. Risco dice que "cuando
se aprobó esta ley, al día siguiente, salio un sol
extraordinario. Hasta el clima nos fue favorable. Pero cuando comienza
a hablarse de lo contrario fíjate cómo está
el clima, hasta ahora esta frió".
La verdad es
que el horrible clima que ha invadido Lima parece ser el presagio
de un terrible temporal, que amenaza seriamente al gobierno si es
que el gabinete no logra concertar con el Congreso para lograr una
solución realista al problema de los despedidos que hoy,
amparados en la nueva ley, exigen su reposición inmediata
sin considerar los beneficios o los incentivos que una buena parte
de ellos cobraron durante la década del 90.
LA LEY NO ES PARA TODOS
 |
|
José Luis Risco: "cuando se aprobó esta ley salio un
sol extraordinario. Pero cuando comienza a hablarse de lo
contrario fíjate cómo está el clima".
|
El ministro
de Trabajo, Fernando Villarán, piensa que "con la ley
que aprobó el Congreso, sencillamente se borra todo el trabajo
realizado porque se están incluyendo a personas que sí
cobraron incentivos y beneficios".
Durante el gobierno
de Alberto Fujimori, la política laboral incluía despidos
y ceses arbitrarios. Las empresas que fueron privatizadas optaron
por la modalidad de ofrecer incentivos a sus empleados para reducir
sus planillas, y con ello, sus costos. En la administración
pública se recurrió a las evaluaciones periódicas.
A través de estos mecanismos, Fujimori despidió a
alrededor de ciento ochenta mil empleados.
Ahora, estimulados
por los parlamentarios, los miles de despedidos exigen regresar
a la administración pública.
Manuel Cortéz,
Secretario de Defensa de la Central General de Trabajadores del
Perú (CGTP) cree que la ley "es absolutamente discriminatoria.
Porque no se dice cuándo se acordó la reincorporación
de los militares, de los policías de los Magistrados, del
los miembros del Tribunal Constitucional, de los miembros del Cuerpo
Diplomático. Además, ustedes han escuchado a alguien
decir que no hay plata. Y es que cuando se trata de trabajadores
que no tienen apellido compuesto, seguramente vienen todas las trabas:
que no hay platas, que no hay nada".
Según
el ministro de Trabajo Fernando Villarán, el Estado solo
está en condiciones de asumir trece mil cuatrocientos trabajadores,
cuyas renuncias, se ha probado, fueron por coacción. Además,
el gobierno puede gastar hasta treinta millones de dólares
en reparaciones. Ni un centavo más.
El proyecto
de ley, sin embargo, deja abierta la puerta a los trabajadores que
salieron con una indemnización o incentivo a cambio.
Cortéz,
de la CGTP afirma que su grupo señaló "que los
trabajadores, en algunos casos que se dice fueron renuncias voluntarias,
no todos pero sí muchos, particularmente en la administración
publica, fueron obligados a renunciar. Por eso nosotros le llamamos
ceses compulsivos, disfrazados de renuncias voluntarias".
El ministro
Villarán opina que si la ley "se aprueba y la promulgamos,
van a haber muchas personas, que han recibido grandes beneficios,
que van a poder reclamar porque ellos pueden decir me han forzado,
y el gobierno no tendría cómo negarse a dar la indemnización
que se considere. No veo como se pueda determinar. Eso significaría
que el costo de esto podría elevarse, pasar de treinta millones
de dólares que nosotros hemos calculado la suma se elevaría
a varios cientos de millones de dólares".
CUESTIÓN DE NÚMEROS
 |
|
Cortéz, dirigente de la CGTP llama a las renuncias
" ceses compulsivos, disfrazados de renuncias voluntarias".
|
Para el Ejecutivo,
el Congreso ha actuado de manera irresponsable y sin tomar en cuenta
los resultados propuestos por las comisiones previas que evaluaron
este tema. Para los congresistas de la Comisión de Trabajo,
al gobierno lo que en realidad le falta es voluntad política
y vocación de justicia.
"Lo que
pasa es que las marchas y contra marchas del Ejecutivo hacen que
se genere esta expectativa innecesaria. Si ellos no querían
ver este tema, no hubieran hecho lo de las comisiones multisectoriales.
No se puede hacer un estudio para después de sus resultados,
sacarle la vuelta o burlarnos" afirma Velásquez, uno
de los miembros de la Comisión.
Otro de sus
integrantes, José Luis Risco, dice "como te vas a sentir
decepcionado si con una esperanza de que tu gobierno te diga se
ha hecho una aplicación de la ley con justicia, vamos a sentarnos
a ver eso. En lugar de eso tienes una respuesta que dice eso es
injusto es demagógico es irresponsable, voy a observar la
ley como no se va a sentir desilusionada la gente".
Para este congresista,
el problema de las cifras no es tan grave: "el gobierno dice
que no va a haber solución para setenta y seis mil. Es que
nos son setenta y seis mil. Ese es un número que no es real".
¿Y
cuál es el número real?
Es que no existe un número real, por eso le digo que el registro
de trabajadores iba a decirlo.
¿Como
aprobaron una ley con números supuestos?
Cuando tú notas que en vez de resolver el problema lo están
dilatando, dilatando y dilatando, hay que resolver el problema para
bien o para mal. Yo se lo dije a todos los parlamentarios.
El congresista
Santos Jaimes, de Perú Posible, otro integrante de la Comisión
de Trabajo sostiene que es opositor del proyecto aprobado porque
este solo tiene fines políticos: "a los trabajadores
yo les quiero decir de mucho corazón que hay quienes están
usando sus necesidades, su convicción su fuerza y su lucha
para beneficios personales y salir en las primeras planas"
"El problema
se da, especialmente, porque el grupo de congresistas que apoya
el dictamen en mayoría piensa que está en la época
entre 1985 y 90, y que podía gastar sin importarle el resto
del Perú", dice sin desparpajo.
LA POSICIÓN DEL ESTADO
 |
|
Fernando Villarán: "con la ley que aprobó el Congreso,
sencillamente se borra todo el trabajo realizado".
|
En el pleno,
el proyecto de ley fue aprobado con apenas tres votos de diferencia.
Ni las bancadas de Perú Posible, ni las del FIM, pudieron
ponerse de acuerdo para votar. Hubo congresistas del oficialismo
que votaron a favor de esta bomba de tiempo.
Sobre este tema,
el presidente del Congreso, Carlos Ferrero, tuvo esta conversación
con Cecilia Valenzuela, en el programa Entre Líneas.
A la pregunta de ¿Cómo va a hacer el gobierno con
la ley de ceses colectivos que intenta reponer a los despedidos?
¿Con qué dinero? ¿Con qué fondos? Ferrero
respondió: "es que no va a haber ese problema porque
el gobierno ha dicho que no acepta la ley, que la va a observar.
Y ese es su derecho".
La CGTP y las
diversas asociaciones de despedidos no están dispuestas a
aceptar que el gobierno modifique, en nada, la ley aprobada en el
Congreso.
Para el dirigente
Cortéz, "si hay confrontación no será
por nuestra responsabilidad. Pero si nos ratificamos nuestra absoluta
decisión de pelear de luchar, por lo que consideramos un
derecho. No estamos pidiendo que nos regalen nada".
La estrategia
del Ejecutivo se centra ahora en convencer a los congresistas, de
su propia bancada, para obtener su voto y se aprueben las modificaciones
que éste haga al proyecto y se ajuste a la realidad.
"Lo que
les pedimos a los trabajadores es que nos dejen trabajar. Aplicar
nuestro programa económico, y social y podamos tener el empleo
que ellos están pidiendo, que no va a ser el estado quien
se lo va a dar sino el sector privado", dijo el ministro Villarán.
Mientras tanto,
la CGTP, CITE y las otras asociaciones preparan una marcha para
evitar que el gobierno observe la ley y que las modificaciones se
establezcan en el reglamento.
Los miles de
trabajadores despedidos, que piensan que esta ley es un reconocimiento
que podría compensar su desempleo anuncian que no aceptaran
una negativa del gobierno. Después del acuerdo de Arequipa,
los despedidos dicen que Toledo no puede desafiarlos.
Lo cierto es
que antes de volver al parlamento, la ley de ceses colectivos se
discutirá en las calles de todo el país. El gobierno
tiene quince días resolver creativamente, como detener esta
bomba de tiempo.
|
