¿Se ha renovado el Poder Judicial?

El pago de cuantiosas indemnizaciones a varios vocales supremos, por obra y gracia de la Gerencia del Poder Judicial, ha despertado nuevas suspicacias, sobre todo cuando uno de los vocales tenía en sus manos el expediente del caso Zaraí.

Escribe Silvia Cuevas / agenciaperu.com

Entre las antiguas y gruesas columnas del Poder Judicial, se debaten diariamente la justicia y la arbitrariedad en una batalla difícil que hace dos semanas se empañó con un nuevo escándalo: el cobro inmediato de cuantiosas indemnizaciones a magistrados, a través de la Gerencia General de este organismo.

Entre los afortunados por estos pagos se encuentra el vocal del caso Zaraí, José Silva Vallejo y el presidente del Poder Judicial, Oscar Alfaro.

Sobre esto, Silva Vallejo negó alguna irregularidad, y expresó "su protesta enérgica" sobre "las tergiversaciones sofisticas que hacen algunos señores periodistas que lamentablemente malinterpretan, o quieren cuestionar, la honorabilidad de los magistrados".

LOS PAGOS DE SILVA

El cuestionado vocal que se reunió con Alejandro Toledo para "conciliar" en el caso Zaraí, no sólo cobró cerca de doscientos setenta mil soles en cuatro partes como adelanto de su indemnización, sino que el último pago lo recibió días antes de acudir a la casa del presidente Toledo, la primera semana de setiembre, poco antes de que determinara si el mandatario, debía realizarse o no la prueba de ADN.

La cronología no miente: el 5 de julio la sala que preside Silva Vallejo resolvió a favor del mandatario peruano, aceptando su recurso de casación, y dejando en suspenso la prueba de ADN que éste debía realizarse el 7 de agosto, como lo había ordenado la Corte Superior de Piura.

Coincidencia o no, lo cierto es que en los últimos días de junio y julio, justo antes y después de su fallo, José Silva vallejo recibió su primer y segundo bono indemnizatorio por veintiocho mil soles, el primero, y ciento ocho mil soles el segundo.

KEIL, EL GERENTE

¿Pero quien ordenó estos pagos? El 29 de mayo, a doce días de que Silva Vallejo solicitara la indemnización, Roberto Keil Rojas, un personaje que acababa de salir a la luz pública, y que es el actual Gerente del Poder Judicial, aprobó la solicitud de Silva Vallejo.

La celeridad con que actúo Keil ha provocado malestar y suspicacias al interior de Palacio de Justicia.

El presidente de la Corte Superior de Lima (CSL), Sergio Salas Villalobos, aseguró que "en estos momentos en que el poder judicial atraviesa una dura crisis económica, que se estén pagando mas de medio millón de soles a dos personas y uno de ellos el presidente del poder judicial me parece sumamente cuestionable moralmente".

Aunque Keil Rojas sostiene que este solo un asunto administrativo y debidamente presupuestado, el gerente del Poder Judicial no puede responder sobre el tema sin la ayuda de su asesor.

Así, cuando agenciaperu.com le preguntó ¿por qué el Poder Judicial tiene que asumir el gasto si ellos no hicieron cumplir su derecho?, fue su aseso jurídico José Balta quien el que tomó la palabra y aseguró que "en la brevedad, si los magistrados lo hicieron o no lo hicieron, eso hay que preguntarle a cada uno de ellos. Lo evidente es que el merito nace con el propia sentencia".

LAS REPOSICIONES

Pero ¿cómo comenzó esta historia? Los vocales supremos Walter Vejarano, Guillermo Cabala, Oscar Alfaro y José Silva Vallejo fueron separados del Poder Judicial arbitrariamente en 1992.

En 1997, el Tribunal Constitucional falló a su favor, y ordenó sus reposiciones. Pero, aunque estos magistrados tuvieron procesos distintos, ningún fallo especificó pago alguno, ni antes, ni después de su reincorporación.

Guillermo Cabala uno de los magistrados que fue repuesto a su cargo, se declara "sorprendido", cuando se enteró que "los vocales habían cobrado reintegro por indemnizaciones desde la fecha en que fueron reincorporados. Que yo sepa, las resoluciones del Tribunal Constitucional decían que los reintegraran sin goce de haber, sin contar fechas de aquí para allá o de allá para acá".

Cabala ganó el juicio de su reposición en 1997, fue reincorporado en el 2000, pero nunca cobró. Sin embargo, una vez repuestos en sus cargos, los otros magistrados no dudaron en exigir a la gerencia del Poder Judicial el pago de su indemnización por los tres años en que no fueron reincorporados.

"Estoy en desacuerdo en la vía en que se obtiene ese derecho", afirma Cabala, "tenemos que buscar la reparación de este derecho pero en la vía que corresponde. La vía son los organismos supranacionales y no a través de la gerencia del Poder Judicial".

Sin embargo, para Keil Rojas el tema no es ningún escándalo: "lo que se esta discutiendo es si lo que se ha pagado o no aquí es legal. Y es estrictamente legal. Nosotros no y hemos pagado lo de años anteriores porque ellos fueron separados desde abril del año 92".

EL PASADO DE KEIL

Cuando asumió el cargo de gerente del Poder Judicial, Keil tenía un litigio pendiente contra el liquidado Banco Popular. Una auditoria realizada a fines de 1999 responsabilizó a Rojas de un faltante de treinta y dos mil cuarenta soles de la caja del desaparecido Banco.

Sin embargo, para el actual gerente del PJ "el caso del banco popular es estrictamente particular. Ellos dicen que yo he efectuado unos gastos que ellos no consideran pertinentes. Entonces, yo cuestiono y digo que ellos también tienen que compensarme por algunos trabajos extras que no estaban previstos como liquidador y que no estaban pagados".

Este proceso concluyó con una conciliación en noviembre de 2001, según el acuerdo Keil se comprometió a pagarle al Banco veinticuatro mil quinientos soles. Pero sobre este tema, Roberto Keil Rojas se negó a conversar con agenciaperu.com.

Además, en aquella oportunidad, el equipo de asesores nombrados por Keil estuvo integrado por Dante Rodríguez Dueñas y Andrés Muro Martínez, ambos implicados por la auditoria del Banco Popular. Su actual asesor jurídico, José Balta, fue su abogado en el litigio contra esa liquidada institución.

Keil Rojas no sólo niega la presencia de estos personajes en su equipo de trabajo sino que pone sus manos al fuego por ellos: "yo doy certeza de la profesionalidad y de la honestidad del Sr. dante Rodríguez y de los otros funcionarios que me acompañan. Sin ninguna duda".

Hugo de Rojas, abogado y contador, integró también el equipo de asesores del Consejo Transitorio del Poder Judicial a fines de 2000. A él se le encargó hacer una auditoria de las gerencias durante el fujimorismo, pero asegura que hubo intereses para que ésta no prospere.

"Keil me dijo que retirara de mi informe, sobre el ex inspector general, lo que yo planteaba, con observaciones y incorrecciones. Me cerró todas las puertas, cerró todas las capacidades de cerrar mi informe", asegura de Rojas.

En los últimos días, Hugo de Rojas puso al descubierto la planilla secreta donde figuran los magistrados que recibieron dinero de Montesinos. Él realizó este hallazgo mientras indagaba en el edificio Grau, en la oficina donde funcionaba la empresa Nipon Corporation, de los hermanos Aybar Cancho, vinculados en el caso de armas para las Farc.

"Recojo un montón de papeles sueltos y regados donde estaban las planillas de pago a los magistrados, planilla que tenía un registro, una firma y la huella digital y el número de expediente que se había resuelto. Todo esto se lo presento al señor Keil el 26 de diciembre del 2000", asegura de Rojas.

Según su investigación, el nombre, la firma y la huella digital de Ortiz Bernandini, el ex vocal que recomendó la contratación de Roberto Keil a la gerencia del Poder Judicial, estaba entre los recibos que él encontró. Documentos que según él fueron sustraídos misteriosamente de su oficina.

"En las planillas apareció el apellido de Ortiz", señala de Rojas, "pero no lo asocie con Ortiz Bernandini. Yo le entregué de buena fe los documentos aquellos, pero coincidentemente esa misma noche desaparecieron. No fue un robo porque estaba mi reloj mi maletín y no se lo robaron".

Pero Ortiz Bernandini niega esa versión: "esos son inventos. En ese momento no presentó ninguna lista con pagos en el que pudiera figurar mi nombre. Eso no es totalmente falso. ¿Usted cree que un abogado viejo magistrado va a ser tan ingenuo de firmar recibos de firmar sumas mal habidas y por veinticinco mil dólares?"

Hace un año, Hugo de Rojas fue atropellado y secuestrado después de rendir su declaración ante el Congreso de la República. Desde ese momento vive angustiado, y aunque no se arrepiente de su investigación, teme por su vida.

El Poder Judicial estuvo a las órdenes, al antojo y al capricho de Vladimiro Montesinos durante la toda década pasada. Las escandalosas indemnizaciones pagadas a solicitud de los propios vocales supremos y con la venia del gerente general, sin que exista una resolución de por medio, preocupa y despierta malicia. Más aún si uno de ellos tuvo en sus manos un caso como el de Zaraí.

Las investigaciones que han iniciado el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso deberán determinar si el fantasma de la corrupción aún se pasea entre los pasillos del viejo palacio de justicia.