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Almeyda
y los visitadores
Escribe
César
Hildebrandt Chávez / agenciaperu.com
El
11 de marzo de este año, en el Congreso de la República,
Perú Posible y el Frente Independiente Moralizador
(FIM), en votación conjunta, aprobaron políticas
económicas a favor de la empresa Telefónica
del Perú. Semanas después, la compañía
encuestadora CPI consiguió un jugoso contrato con el
Estado. Mientras esto sucedía, la Contraloría
General de la República refundía escandalosas
investigaciones que comprometían a importantes personajes
políticos. Todos estos hechos, que parecen sucesos
aislados, guardan oscuras y hasta ahora desconocidas, conexiones.
Como si fueras historias digna del régimen de Alberto
Fujimori, estos casos se relacionan, primero debido a visitas
al actual servicio de Inteligencia y, segundo, debido a reuniones
con su director, el abogado del presidente Alejandro Toledo,
César Almeyda Tasayco.
Agenciaperu.com
tiene en su poder un documento que registra nombres, días,
así como horas de entrada y salida: una lista completa
de todas las personas que visitaron a César Almeyda
en el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) entre el 3 de
febrero y el 7 de abril de este año.
¿ALÓ
ALMEYDA?
La
lista de los visitantes al CNI se remonta a los meses de febrero,
marzo y abril de este año. Pero, para entender la importancia
de las oportunas visitas, hay que hacer un poco de memoria
y ubicar los hechos tal como ocurrieron.
El
30 de enero del 2003, luego de que el Ejecutivo y Telefónica
inician negociaciones para eliminar o disminuir la renta básica
de la telefonía fija, ambas partes logran un acuerdo:
rebajarán la renta básica.
Al día siguiente, en medio de críticas y malos
augurios, César Almeyda asumió la jefatura del
Consejo Nacional de Inteligencia. Al mismo tiempo, las conversaciones
entre el Ejecutivo y Telefónica. El presidente Toledo
anunció una buena noticia para los usuarios: dentro
de las negociaciones, los sesenta minutos libres no desaparecerían.
Sin
embargo, el 4 de febrero, Almeyda, entonces jefe de Inteligencia,
recibe en su despacho a un alto funcionario de la transnacional
española: Iván Ciganer Albeniz, Gerente de Telefónica
Móvil, de Telefónica del Perú. De hecho,
Ciganer tiene muchos contactos al más alto nivel, ya
que es socio de Eliane Karp, en la ONG de la esposa del Presidente
del Perú: la Fundación Pacha por el Cambio.
La
reunión entre Almeyda y Ciganer, dentro de las oficinas
del Consejo de Inteligencia, duró una hora. Según
la lista de visitas, el vehículo del funcionario de
Telefónica del Perú ingresó a las instalaciones
de Las Palmas a las 9:02 de la mañana y salió
a las 10:07 de la noche.
Lo
que ambos conversaron en esa oportunidad hasta hoy es un misterio.
Empero, lo cierto es que al día siguiente, las negociaciones
entre el Ejecutivo y Telefónica del Perú tomaron
un giro de ciento ochenta grados.
Así
es: el 5 de febrero el gobierno retrocedió. Días
antes, Alejandro Toledo había anunciado que los sesenta
minutos libres no desaparecerían; pero un día
después de la reunión entre Almeyda y Ciganer,
el Ministro de Transportes confirmaba no sólo la eliminación
de los sesenta minutos libres, sino el aumento en el costo
por minuto de llamada. En aquel entonces, el titular del diario
La Republica fue claro: “¿Cual es el negocio,
señor presidente?”.
Así,
el 6 de febrero, los acuerdos obtenidos entre Telefónica
y el gobierno volvieron a fojas cero. Toledo dio marcha atrás
en el tema de la disminución del cobro de la renta
básica.
TELEFÓNICA
EN EL CNI
El
11 de febrero del 2003 se realizó la segunda visita.
Un funcionario de la Embajada de España acudió
a las instalaciones del CNI. Según el registro de visitas,
el funcionario José Luis Pérez Maestu ingresó
a las 3:37 de la tarde y salió a las 5:10. Extrañamente,
al día siguiente, como por arte de magia, las conversaciones
entre el Ejecutivo y Telefónica del Perú se
congelaron. El tema pasó a ser debatido en el Congreso
de la República, donde debió cumplir largos
plazos.
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| Lescano
asegura que muchos congresistas fueron obligados a votar
a favor Telefónica del Perú. |
En
el Parlamento, el congresista Yhony Lescano empezó
la ardua tarea de reunir las sesenta y un firmas que respalden
la ley que eliminaría la renta básica. En este
proceso, el tema Telefónica pasó a un segundo
plano. Coincidentemente, las visitas a Cesar Almeyda se detuvieron
y otros problemas, como los juicios orales a Vladimiro Montesinos,
ocuparon las portadas de los diarios.
Sin
embargo, el 11 de marzo, un mes después, el proyectó
cumplió con recaudar las firmas requeridas, con los
que la discusión sobre la renta básica volvió,
pero esta vez, en el Pleno del Congreso. Allí, las
bancadas de Perú Posible y del FIM votan a favor de
la empresa española.
La
estrategia era simple: trasladar el tema a la Comisión
de Constitución. Después de meses de debate,
allí se diría la última palabra. El dictamen
final fue programado para el 21 de marzo. Sin embargo, un
día antes se realizó la tercera visita al CNI.
El
20 de marzo, Ivan Ciganer, el gerente de Telefónica,
acudió nuevamente a las instalaciones del Consejo de
Inteligencia. El listado de visitas registra que Cesar Almeyda
se reunió con él desde las 3:35 hasta las 5:07
de esa tarde. Nadie sabe lo que discutieron; pero al día
siguiente Telefónica del Perú ganó la
batalla.
Al
día siguiente, la Comisión de Constitución
del Legislativo, con los votos de Perú Posible y del
FIM, puso fin a la discusión a favor de Telefónica
del Perú, al declarar inconstitucional la ley que elimina
la renta básica.
Para
el presidente de aquel grupo de trabajo congresal, Yhony Lescano,
sencillamente hubo “muchos congresistas que han votado
en contra de su voluntad, muchos congresistas de PP y del
FIM que han votado, ordenados para que no apoyen la eliminación
de la renta básica. Ordenados por el Ejecutivo”.
Lescano
asegura que este hecho demuestra “que quienes legislan
no son los congresistas, sino son los grupos económicos”.
Aunque
hasta hoy no se conoce el contenido de las conversaciones
entre Almeyda y Telefonica, lo que sí se sabe es que
estas ocurrieron en días claves, cuando las principales
instancias del gobierno tomaban importantes decisiones sobre
el conflicto entre la compañía y los usuarios.
Al final, la victoria fue de Telefónica del Perú.
LA
ENCUESTADORA
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| Manuel
Saavedra Castro, cuestionado director de CPI. |
La
lista de las visitas al Consejo Nacional de Inteligencia registra
que el 21 de marzo de este año, el empresario Manuel
Saavedra Castro, sostuvo una reunión con el ex jefe
de inteligencia César Almeyda.
La
cita duró aproximadamente una hora y 20 minutos, desde
las 3:10 hasta las 5:24 de la tarde. Manuel Saavedra es el
director de una de las más grandes empresas encuestadoras
del Perú: Compañía Peruana de Investigación
de Mercados S.A. (CPI).
Al
día siguiente, la compañía de Saavedra
obtuvo un jugoso contrato con el Estado Peruano por más
de cuarenta mil soles, sin ningún tipo de concurso
público ni proceso de adjudicación.
El
Gobierno contrató a la compañía para
realizar estudios de mercado en los medios de comunicación
merced una resolución ministerial. El documento fue
aprobado por el entonces Presidente del Consejo de Ministros,
Luis Solari.
LAS INVESTIGACIONES ARCHIVADAS DEL CONTRALOR
Uno
de los últimos en visitar a Almeyda fue quizá
el funcionario público que menos debió acudir
a las instalaciones de inteligencia: se llama Genaro Matute
Mejía; su cargo: Contralor General de la República.
El
documento de la lista de visitas señala que Matute
acudió al CNI junto con la plana mayor de la Contraloría
General. La visita fue el 3 de abril, entre las 10:20 de la
mañana y las 12:30 de la tarde.
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| Gracias
a Genaro Matute, Contralor de la República, las
investigaciones que implican a cuestionados personajes
todavía no arrojan resultados. |
¿Qué
ocurría en esos días? La noticia, desde hacía
varias semanas, eran las denuncias sobre presiones a los canales
de televisión por parte de cuestionados personajes
del ejecutivo: Rodolfo Pereryra, entonces secretario de prensa
de Palacio de Gobierno; y César Almeyda, en esa época
director de los servicios secretos.
El
2 de abril, el congresista y presidente de la Comisión
de Fiscalización, Mauricio Mulder, reveló que
existían pruebas de las presiones del ejecutivo a los
canales de televisión. Los medios de prensa preparaban
una nueva denuncia; esta vez, contra la esposa de Almeyda,
Patricia Sánchez Marmolejo, involucrada en el copamiento
de Perú Posible en puestos administrativos de las embajadas.
Así,
al día siguiente, se exhibieron las primeras pruebas
de las presiones a Panamericana Televisión: el diario
La República mostró los registros telefónicos
que reveló la continua comunicación entre el
Ejecutivo y Canal 5.
Almeyda
sabía que estaba implicado en el escándalo.
Semanas atrás había reconocido que él
mismo había sostenido reuniones privadas con ejecutivos
de Panamericana Televisión. Y ahora, con las pruebas
publicadas en los diarios, la investigación la debía
asumir, necesariamente, la Contraloría General de la
República.
El
mismo 3 de abril, a las 10:20 de la mañana, se produjo
la reunión entre Almeyda y la plana mayor de la Contraloría
en las instalaciones del Consejo de Inteligencia. Los funcionarios
tenían una coartada perfecta: aprovechando la reestructuración
de los Servicios de Inteligencia, la contraloría debía
impartir charlas a los secretarios que trabajan en Las Palmas.
Un motivo perfecto para acudir al CNI.
Pero
el domingo 6 de abril estalló el escándalo:
varios funcionarios de Perú Posible, incluida la sobrina
del Presidente, y la esposa de César Almeyda, habían
sido colocados en importantes puestos de distintas cancillerías.
Pero
ya todo estaba conversado. Y días después, las
denuncias contra Almeyda y su esposa se resolvieron como por
arte de magia en el despacho del Contralor Genaro Matute.
Sobre
las presiones a Panamericana Televisión, la Contraloría
General no dijo ni pío: la explicación oficial
fue que, como no era un tema administrativo sino político,
no había lugar a investigación.
Asimismo,
respecto de las denuncias sobre los partidarios de Perú
Posible en embajadas, la Contraloría General de la
República anunció el inicio de una exhaustiva
auditoria que evaluaría todos los contratos en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, pero desde el año 1980. Así,
como es lógico, debido al volumen de información
a analizar, esta investigación demorará varios
años.
¿Investigación
exhaustiva o arreglo bajo la mesa? Las explicaciones le corresponden
al Contralor Genaro Matute Mejía.
Así
terminaron estos tres casos: la ley que eliminaba la renta
básica fue archivada; la encuestadora CPI, de Manuel
Saavedra, sigue recibiendo dinero del Estado; y las investigaciones
de la Contraloría General que implican a cuestionados
personajes todavía no arrojan resultados.
Aparentemente,
tres casos aislados, pero con un detalle en común:
en momentos decisivos, sus protagonistas sostuvieron reuniones
con Cesar Almeyda Tasayco, cuando era jefe de inteligencia
del gobierno de Alejandro Toledo. Cualquier parecido con la
realidad anterior es pura coincidencia.
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