Germán Larrieu, abogado de Laura Bozzo, a quien muchos acreedores de empresas en liquidación le han puesto el ojo.

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La corporación y las empresas La palabra de Larrieu Indecopi

Germán Larrieu bajo la impunidad de Indecopi

La crisis económica ha obligado a muchas empresas a acogerse a normas de reestructuración, insolvencia y liquidación. Cuando las empresas llegan a la etapa de liquidación, el liquidador, elegido en una Junta de Acreedores, se encarga de vender los bienes de la misma, para pagar con lo recaudado a los acreedores.
La siguiente investigación recoge los casos de cuatro empresas en liquidación, en los que tanto acreedores como representantes de éstos, acusan a un conocido liquidador, Germán Larrieu Bellido, el abogado de Laura Bozzo y según él mismo sostiene, del primer amigo del Presidente, Adam Pollack.

Escribe Daniel Yovera / agenciaperu.com

La crisis económica hizo que muchas empresas peruanas dejaran de operar, agobiadas por la crisis y las millonarias deudas. Otras de estas han quebraron, mientras que algunas se encuentran en proceso de liquidación, a merced de Indecopi y de las entidades liquidadoras, algunas de las cuales, están vinculadas a importantes estudios de abogados.

Una de estas entidades liquidadoras es Corporación Asesora, de Germán Larrieu Bellido, abogado de la Caja Militar Policial, de los negocios de Alberto Venero, de Juan Valencia Rosas, de Laura Bozo, y del amigo del presidente Toledo, Adam Pollack.

Muchos acreedores de empresas en liquidación le han puesto el ojo a Larrieu, quien es acusado de beneficiarse con estos procesos en complicidad con Indecopi, atentando principalmente contra los acreedores laborales.

Por ejemplo, Francisco Gómez, abogado de los acreedores de Surge, indica que "Indecopi es, en este momento, una entidad donde van los asuntos nada más de extrema importancia en cuanto a cuantía... Pero para este tipo de asuntos yo creo que Indecopi no está haciendo la función que le corresponde. Sobre todo para los trabajadores, con quienes tiene una absoluta indeferencia".

Por su parte, Víctor Huarancca, acreedor de la Pesquera Los Delfines, señala: "cabe la casualidad de que los liquidadores casi siempre son los mismos. Y las compañías que liquidan, o las que venden, venden sus activos, digamos un inmueble que cuesta cinco millones de dólares a un millón, y de ese millón lo que hacen las empresas liquidadoras es cobrarse primero, y dejan de ripio y al final, a los trabajadores".

LA CORPORACIÓN Y LAS EMPRESAS

Corporación Asesora tiene a su cargo la liquidación de cincuenta empresas. Agenciaperu.com recogió las denuncias de los representantes de acreedores de tres de ellas: P&J Hartinger, Surge y Cuvisa.

P&J Hartinger, fabricante de productos de vidrio, entró en liquidación en 1994. Corporación Asesora se hizo cargo de la empresa en 1996, cuando ya sólo quedaba para vender el local, tasado en más de dos millones de soles. Según esta denuncia del 2001 por fraude, estafa y apropiación ilícita, de la venta del terreno, Larrieu destinó a los trabajadores sólo un millón trescientos mil soles, y con los ochocientos cincuenta mil restantes se pagaron honorarios y gastos indebidamente sustentados.

Víctor Chumpitaz, acreedor laboral de la firma, señala que "el trabajo de Larrieu es realmente punible porque nunca entregó documentos formales de toda la liquidación. Siempre papeles sin sellos, sin firmas. Es más, cada vez que presentaba un documento elevaba los costos, sin haber hecho ninguna gestión".

Surge, antigua fabricante de cocinas, tenía una deuda laboral de ocho millones y medio de soles. Corporación Asesora tenía vendió las cocinas, las máquinas y el inmueble. Este último fue comprado en seiscientos cincuenta mil dólares por una empresa con apenas ocho meses de creada y un capital de mil soles.

Según los abogados de los acreedores laborales, no existen ingresos contables de ese dinero. Sin embargo, al final de su gestión, Corporación Asesora reportó gastos por más de un millón y medio de soles.

Para el doctor Francisco Gómez, de Surge, "es la primera vez que me encuentro con una situación como ésta, de que una compañía liquidadora, por cada sol que le entrega al trabajador, tenga que decir que ha gastado dos para recuperarlo, cuando todo estaba sobre la mesa".

"Esta compañía es un peligro. Y lo que es terrible es la actitud bastante complaciente de Indecopi", agrega Gómez.

Otro caso es el de la empresa Cuvisa, que entró en liquidación en 1995, y en 1997 Corporación Asesora se encargó de la liquidación hasta que fue retirada en el 2001. La nueva entidad liquidadora, que para variar vendió los dos locales en seis millones de dólares a una empresa con nueve meses de existencia y un capital de mil soles, pagó a Larrieu trescientos sesenta y tres mil dólares por honorarios y gastos, sin haber efectuado una auditoria previa a su gestión y sin el sustento documentario.

Esteban Carbonel, abogado de los acreedores laborales de Cuvisa, indica: "nosotros nos preguntamos por qué el señor Larrieu cobró setenta y tres mil dólares por comisión por la venta del inmueble, si ya se había pagado una comisión al corredor ascendente a doscientos cincuenta y cinco mil dólares. Podemos estar pensando que es una doble comisión. No podemos estar pagando a dos personas por el mismo acto".

LA PALABRA DE LARRIEU

Sin embargo, pese a todas estas declaraciones, Germán Larrieu resta importancia a estas denuncias.

"No es que sea un abogado cuestionado porque mi labor como abogado nada tiene que ver con mi labor como liquidador. En todo caso puedo tener un proceso de liquidación cuestionado, pero no como abogado, no hay que confundir", señala Larrieu al ser consultado.

Un caso particular, es el de Víctor Huarancca, un empresario vinculado a la metalmecánica y a la pesquería, que se considera víctima del peso de Larrieu.

Según Huarancca, "el señor Larrieu y sus cómplices los funcionarios del Banco República me arrebataron una planta pesquera en Chimbote".

"Él es un abogado de la mafia, es un abogado que ha sobornado a jueces y fiscales de Chimbote, y es un abogado que ha creado deuda fraudulenta en el sistema de reestructuración del Indecopi, porque él pertenece a una mafia que existe dentro del Indecopi", señala el empresario.

Huarancca afirma que en 1996, cuando la procesadora de harina de pescado Vista Florida estaba sometida a las leyes de Indecopi, la Junta de Acreedores le encargó repotenciar la planta, invirtiendo en ello un millón de dólares. Cuando ya estaba lista para operar, otro acreedor, el Banco República, tomó posesión de la misma. En vista de que se trataba de una empresa sometida al Indecopi, Huaranca acudió a este organismo.

"Denunciamos dentro del Indecopi, e Indecopi se hizo el sordo, el ciego y el mudo, se demoró tres años para emitir una resolución, no dándonos la razón obviamente", indica Huarancca.

Acudió entonces al Poder Judicial de Chimbote y denunció a los funcionarios del Banco por usurpación agravada. Pero la denuncia fue archivada y Huarancca perdió el juicio. Hoy denuncia que los magistrados fueron sobornados por Larrieu y por el gerente general del banco, Sydney Pope Bravo.

"Un socio de él, el señor Jaime Espinoza Huamán, que fue el autor material del despojo de la planta pesquera que nos quitaron en 1996, ha declarado que su socio Germán Larrieu, y el gerente general del Banco República, fueron los que sobornaron a estos jueces y fiscales", indica.

Asimismo, Huarancca agrega que "al señor Larrieu Bellido se le entrega diez mil dólares para gastos a la Fiscalía. Y otro por diez mil, otro por cinco mil, otro por veinte mil, otro por treinta mil, y así por el estilo".

Por su parte, Larrieu niega todas estas acusaciones: "yo desde ya le digo que eso es falso, desde ya rechazo todas esas patrañas. Esta investigación, yo vaticino, como todas las otras, va a quedar archivada".

Asimismo, el abogado se niega a pensar que las denuncias en su contra sean reales. "No creo que Espinoza haya dicho eso, si usted tiene eso lo felicito, pero no creo porque el señor ha mentido. Dudo mucho que el señor Espinoza lo haya dicho", señala.

INDECOPI

Agenciaperu.com ubicó en Chimbote a Jaime Espinoza, quien ratificó lo dicho. Sin embargo, lo que dijo en sesión reservada del 27 de marzo pasado en la Comisión Herrera que investiga los actos de corrupción de la década 1990-2000, podría poner en aprietos a Larrieu.

Allí declaró que Larrieu y Sydney Pope, gerente del Banco República, eran los encargados de los pagos a Pedro Burgos Escurra, José Mercado López, Jorge Vásquez Paulo, Nicolás Ticona Carvajal y Jorge Paredes Rebaza, magistrados de la Corte Superior de Justicia de Chimbote.

Además, refiere que los pagos eran de "veinticinco mil, cincuenta mil dólares, cincuenta mil, diez mil, treinta mil dólares", y que los encuentros con los jueces y fiscales se producían en los hoteles Presidente y Chimú de Chimbote.

El 23 de abril pasado, Control Interno de la Fiscalía abrió investigación contra estos magistrados por corrupción de funcionarios, encubrimiento y prevaricato, y asociación ilícita para delinquir, y el Consejo Nacional de la Magistratura destituyó y canceló el título de abogado, al fiscal superior de Ancash, José Mercado López.

A pesar de ello, Vista Florida está en manos de Larrieu. Ahora se llama Consorcio Los Delfines y Larrieu ya no es liquidador, sino gerente general. La empresa está bajo proceso de reestructuración, y Víctor Huarancca, uno de sus acreedores, dice que desde el inicio Larrieu buscó controlar la Junta de Acreedores, creando para tal efecto treinta y cinco millones de dólares de deudas ficticias en favor de empresas vinculadas a él mismo y a su entorno.

Huarancca asegura que "Indecopi es el ente fiscalizador, Indecopi tenía que advertirlo necesariamente. Han pasado tres años, y hasta ahora el Indecopi no emite resolución definitiva, y siempre alargan el proceso, alargan el proceso".
"Hay un encubrimiento manifiesto", señala Huarancca, "hay una colusión manifiesta, hay una sociedad ilícita allí, entre el señor Germán Larrieu y el Indecopi", indica.

Pero Larrieu trata de defenderse de su acusador: "Víctor Huarancca es un señor que tiene procesos por estafa por asociación ilícita para delinquir. Estos acreedores que participan en el proceso son los mismos que participaron en 1994, con la misma deuda de capital, y lo único que han hecho es pedir después que se les reconozcan los intereses. Toda esa deuda son intereses de más de diez años".

Por su parte, Huarancca indica: "serían intereses si es que nacieran de las mismas facturas o letras. No, acá se incorporaron facturas nuevas y se incorporaron personas nuevas, empresas nuevas. No eran empresas que venían desde el año 92".

Huarancca denunció a Larrieu y a treinta funcionarios del Indecopi, entre ellos, Fernando Arrunátegui Martínez, el actual presidente, Jorge Muñiz Síchez, y Nelson Ramírez, abogado del presidente Toledo durante las negociaciones con la familia de su hija Zaraí.

El 20 de enero último, el entonces presidente de Indecopi, César Almeyda, informó a la Procuradora del Estado, Pilar Freitas, que la legalidad de sus funcionarios había sido ratificada por el Ministerio Público, y que la 37 Fiscalía Provincial Penal de Lima había desestimado la denuncia a sus treinta funcionarios.

Pero Almeyda no le dijo la verdad a la Procuradora: la desestimación de esa Fiscalía Provincial que tan alegremente menciona, ya había sido anulada por una Fiscalía Superior, diecisiete días antes de su carta a Freitas. Ese "olvido", le valió el pasado abril una denuncia de Huarancca por delito contra la administración de justicia y contra la fe pública.

Para Esteban Carbonel, de Cuvisa, "es momento que Indecopi tome cartas en el asunto. Creo que no es necesario que sólo el Indecopi se limite a consignar multas que por más elevadas que sean, deberían pues imponer sanciones más drásticas como por ejemplo la suspensión o inhabilitación del registro. Porque, justamente, el ente fiscalizador de las entidades liquidadoras es el Indecopi, y no puede ser un convidado de piedra".

De una opinión similar es Víctor Chumpitaz, de P&J Hartinger: "para nosotros Indecopi viene a ser un desastre para todos los trabajadores. Han sido engañados, y en ningún momento Indecopi ha controlado y fiscalizado a pesar de los reiterados pedidos que le hemos hecho".

Igualmente, Francisco Gómez, de Surge, opina: "Si hubiera control, esta corporación Asesora no hubiera hecho lo que le ha hecho a Surge ni lo que le ha hecho a las otras empresas que se encuentran en liquidación y que se encuentran en sus manos".

"A Indecopi llegan los asuntos en apelación, si es que llegan, e Indecopi, para dar un papel, demora seis u ocho meses, si no es un año. Para dar un papel de la burocracia más elemental", agrega.

Finalemete, el denunciante Huarancca declara: "El señor Larrieu Bellido es un conspicuo integrante de la mafia fujimorista, y el Indecopi lo siguen manejando miembros de esa mafia. Hasta ahora. El gerente general, el señor Fernando Arrunátegui Martínez, fue gerente desde la época de Fujimori en otras áreas, y ahora es el actual presidente. El Indecopi sigue controlándose por esa mafia, que en este momento ha adoptado al nuevo gobierno, se ha aclimatado, lo han rodeado. Si no es una mafia, ¿qué cosa es? ¿Es una asociación ilícita para encubrir?".