Toledo indignado por archivo de caso de falsificación de firmas

El presidente de la República, Alejandro Toledo, aseguró sentirse "indignado" por el fallo de la Sala Penal transitoria de la Corte Suprema que exculpó a uno de principales implicados en falsificación de un millón y medio de firmas realizado por el movimiento fujimorista Perú 2000, el ex regidor Luis Navarrete Santillán .

Asimismo, Toledo, que criticó duramente la resolución de los magistrados, señaló que personalemente encabezará una "gran cruzada" para lograr que el Poder Judicial cambie, ya que con casos como este se puede apreciar que la mafia está "vivita y coleando".

El jefe de Estado pidió a la ciudadanía que "se ponga de pie" para exigir que se haga justicia sobre este y otros casos donde se libró de culpa a implicados en la corrupción ocurrida en la década pasada.

"Primero absuelven a Vladimiro Montesinos de su vinculación contra el narcotráfico. Después dicen que no tiene nada que ver con las muertes de seis personas en el Banco de la Nación en la Marcha de los Cuatro Suyos. Ahora absuelven a aquellas personas que una investigación rigurosa señaló culpables de la falsificación de firmas", declaró Toledo, quien agregó que "a este paso en dos años Vladimiro Montesinos estará en la calle".

LA RESOLUCIÓN

El pasado 9 de enero se emitió este polémico fallo, el cual estuvo oculto para la prensa hasta el día de ayer. A través de una resolución unánime de los magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por Isaac Gamero Valdivia, se exculpa de toda responsabilidad a los implicados en el escándalo del millón y medio de firmas falsificadas, que sirvieron para el enpadronamiento de Perú 2000, el ex partido político del ahora prófugo ex mandatario Alberto Fujimori.

El fallo determina, además, que el expediente y la denuncia sobre este particular se archiven.

Si bien se determinó que existen "ciertas irregularidades" en el proceso judicial seguido contra los ciento treinta implicados, también se afirma que el caso no puede ser investigado al ser declarado como "cosa juzgada".

La resolución, respaldada además por los magistrados Evangelina Huamaní Llamas, Julio Alberto Pachas Avalos y César Javier Vega Vega, se basa en el supuesto de que, al no haberse presentado un pedido de revisión al fallo emitido por la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros del 4 de octubre del 2000 (cuando el gobierno de Poder Judicial de Montesinos decidió archivar el caso), se ha vencido el plazo para solicitar y ordenar una nueva investigación por estos delitos.

Pese a ello, en el fallo que declara "cosa juzgada" los hechos contemplados en el expediente N° 4697-2001, los magistrados admiten que existe delito, pues sostienen que "se ha incurrido en graves omisiones y razonamientos de dudosa validez legal por parte de quienes integraron la Sala Tributaria". Sin embargo, líneas adelante, explican que, al vencerse el tiempo de impugnación, "la resolución, con cuyo contenido no se concuerda, ha adquirido la calidad de cosa juzgada (…) que establece la prohibición de revivir el proceso". Es decir, existe delito pero no habrá juicio.

Así, la Sala Suprema se escuda en un formalismo para emitir esta resolución que es contradictoria, irregular e ilegal. De esta forma, con esta resolución, se anula automáticamente cualquier recurso que pudiera ser presentado por la procuraduría o la fiscalía anticorrupción, pues es la última instancia judicial.

Para el procurador Juan Vargas Valdivia, el falló de esta sala transitoria no tiene "pies ni cabeza", ya que se basa una resolución fraudulenta a todas luces surgida en un proceso donde no se investigó el caso como se debería.

Sin embargo hay una salida. Vargas asegura que "si logramos acreditar que un consejo de justicia ha sido administrado de manera fraudulenta, esta resolución no puede ser una cosa juzgada".

LA FALSIFICACIÓN

El millón y medio de firmas que falsificó Perú 2000 en la notaría Medelius, fue el inicio del fin del régimen de Alberto Fujimori, debido a la clara maniobra de esta administración por apañar este método viciado.

Lo preocupante de este caso es que las pruebas sobre el masivo fraude son más que evidentes. El propio Vladimiro Montesinos, así como varios otros implicados, no sólo aseguró que la administración corrupta a la que perteneció participó de la falsificación, sino que las pruebas fueron presentados a nivel mundial.

Así, en pleno gobierno fujimorista, todos los responsables de este caso fueron exculpados por una sala suprema, presidida entonces por el vocal Armando Lorenzi, que respondiía a las órdenes del propio Vladimiro Montesinos, uno de los inculpados.

De allí que en el año 2000, tanto la fiscalía como la procuraduría del Estado, cuyos funcionarios son los únicos con facultades para apelar las resoluciones judiciales, estaba bajo el dominio de los socios de Fujimori y Montesinos.

Carlos Rivera Paz, abogado de Carlos y Marita Rodríguez Iglesias (los denunciantes de la falsificación), afirma que "en ese momento era imposible que alguien apelara esta decisión, que fue dictada desde las oficinas del SIN.

Ahora, este insólito documento será remitido al Tercer Juzgado Anticorrupción, presidido por Jorge Barreto Herrera, quien deberá archivar inmediatamente el proceso judicial que se desarrollaba en torno a este caso y, además, levantar las medidas limitativas de libertad que hubieran sido dictadas contra los implicados, entre quienes se encuentran Vladimiro Montesinos, José Portillo Campbell, Absalón Vásquez, María Jesús Espinoza, Oscar Medellius, Luis Alejandro Navarrete (ex regidor de la Municipalidad de Lima), Rubén Calderón Díaz (ex jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Arequipa), Migdonio Bellota Viera (ex regidor de Los Olivos), Daniel Chuan Cabrera y José Cavassa (ex gerente de la ONPE), entre otros.