Los bonos de la Reforma Agraria

Escribe Silvia Cuevas / agenciaperu.com

En Piura, Pedro Samaniego recorrió los escombros en lo que se ha convertido su antigua casa, entre el desasosiego y la tristeza. "Esta era la casa de La Solana Alta, acá era donde vivíamos. Mi mama dice que yo nací en este cuarto y se ve el cuarto destruido", señala.

El señor Samaniego no puede ocultar el dolor: "es una pena tremenda, tan bonita y ahora totalmente destrozada. Ver que no hay ni una puerta, el patio donde yo jugaba en mi juventud es una maleza tremenda, es una pena".

Los escombros de esta residencia no han sido provocados por el tiempo o un cataclismo propiciado por la naturaleza. Pedro, el último hijo de la familia Samaniego, caminó por lo que quedó de La Solana, el nombre con el que se bautizó a la casa-hacienda que tuvo en Piura, y que perdió hace treinta años, con la ley de Reforma Agraria, promovida en el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, a fines de los años sesenta.

A cambio de todo lo que tenían, los Samaniego recibieron cientos de bonos, los que, con el tiempo, perdieron su valor, y ahora solo sirven para empapelar su antiguo hogar.

"Esta casa mi papa la heredo de mis abuelos, el era un hombre trabajador. Cuando recibió esta hacienda, tenia unas treinta hectáreas y él con su trabajo la agrandó. De treinta hectáreas a seicientas hectáreas. Lo peor es que hasta ahora a mi papa no le pagan ni medio".

PROBLEMAS DEL PASADO

En 1969, cuando el gobierno de Velasco Alvarado expropió las tierras, ordenó, a su vez, el pago de las mismas con el equivalente a quince mil millones de soles oro en bonos. Algunos cobraron una parte, otros, esperaron que mejoren los tiempos. Pero los tiempos nunca mejoraron.

El sociólogo Héctor Béjar señala que "la decisión del gobierno de Velasco fue pagar por las tierras expropiadas. Y esos bonos se podían recuperar en los bancos industriales".

"Los siguientes gobiernos", continúa Béjar, "que sucedieron al de Velasco, no reconocieron en la practica la reforma porque no continuaron pagando los bonos hasta hoy día. Por eso yo creo que cuando las familias reclaman por la valorización de sus bonos están haciendo un reclamo justo y legal".

La Solana fue una hacienda próspera hace más de medio siglo, ahora en sus tierras sólo hay matorrales, algarrobos secos y mala hierba. La ex hacienda de los Samaniego, se ubica en la provincia de Alamor, en el valle del Río Chira, al norte de Piura, a pocos metros de la frontera con el Ecuador.

Por su parte, Pedro Samaniego asegura que "la reforma agraria yo la considero la desagracia agraria del Perú. No éramos los mejores habían otros, pero tratábamos de producir y lo hacíamos bajo un criterio empresarial. Aquí se producían cocos, naranjas, mandarinas, toronjas, guabas, tamarindos, paltas, uva, y las vacas que producían leche para hacer mantequilla".

Para los Samaniego, La Solana fue la empresa de sus vidas, pues toda la familia trabajó en ella hasta que la perdieron. Y aunque Pedro era aún joven, recuerda amargamente como fue expropiación.

"Fuimos invadidos los primeros días de diciembre del año 74. Recuerdo que mi papa estuvo de rehén quince días con mi hermana. Cuando yo vine no nos dejaron entrar. Mi mamá de hecho no va a venir, porque se acuerda de la hacienda ella tiene mucha nostalgia", indica Pedro Samaniego.

El sociólogo Carlos Monge considera que la reforma de Velasco, fue consecuencia inevitable de las exigencias sociales de la época. Porque terminó siendo una gran paradoja.

Monge indica que esta ley fue "creada para favorecer al pueblo pero finalmente el pueblo perdió".

Además, Héctor Béjar considera que "el gran error de estas clases sociales fue que ellos no supieron renovar las instituciones sociales al tiempo que renovaban la tecnología".

Pero los derechos sociales ganados con la reforma agraria se cumplieron parcialmente. Héctor Béjar sostiene, que la incomprensión política de la clase dirigente de entonces, truncó las expectativas de la población, degenerándola en violencia subversiva.

"Tenemos un proceso que no había culminado y terminaba en un pantano. Como la reforma se detuvo esa violencia que había sido canalizada en las nuevas expectativa quedaron nuevamente cerradas y se creo una ola de violencia mucho peor, eso ochentas, es sendero, es terrorismo", señala.

SOLUCIONES INCONCLUSAS

Pedro Samaniego no acepta la reforma, y considera que las respuestas no están en el pasado, sino en las posibilidades que el gobierno ofrezca para solucionar el problema de la deuda que el Estado tiene con su familia y con los de los demás expropiados.

"En la década del noventa se comenzó a hablar más de los perjudicados de la reforma agraria. Mi sueño es que algún día nos paguen", indica.

Luis Huguet es un ex hacendado limeño, en 1996 junto a otras siete personas, formó la asociación de expropiados de la reforma agraria, ADAEPRA, con la finalidad de exigir al Estado que reconozca la deuda agraria y la valorice para ejecutar su cancelación.

Huguet señala: "hemos tratado de juntar en esta asociación a la mayoría de gente que fue expropiada en esa época, somos más o menos 4 mil personas jurídicas. La finalidad es convertir la deuda agraria en algo que tenga valor".

El único documento que acredita el pago de la deuda agraria es el bono; los asociados lo saben por eso, aunque obsoletos, guardan celosamente cada uno de los talones que recibieron a cambio de sus tierras. Son tantos que Luis Huguet tiene ya un armario repleto de ellos.

En la década del noventa a través de una ley, Fujimori aceptó reconocer la deuda agraria, pero su iniciativa fue irrisoria, pues pretendía cancelarla sin considerar la devaluación de la moneda. Todos los bonos emitidos por Velasco valorizados en quince mil millones de soles oro, valían solo quince soles.

Durante el gobierno de Valentín Paniagua, y después de una larga batalla judicial, la asociación de expropiados logró revocar la ley fujimorista y abrir una nueva oportunidad de negociación con el Estado.

Según Huguet, "por decreto supremo, en la época de Paniagua, por casualidad estaba el ministro Silva Ruete, y ya esa comisión ha estado un año tramando y sabemos que esta en manos del ministro de economía".

El gobierno de Alejandro Toledo ratificó a la comisión que estudiaba la negociación con los expropiados. En ella participan además de los representantes de los ministerios de Economía y Agricultura, y la asociación de expropiados.

Sin embargo, los expropiados no quieren el pago de la deuda, que según fuentes de la asociación es alrededor de los mil millones de soles, necesariamente al contado y con dinero. Para el dirigente Huguet, "el Estado nos puede pagar a nosotros con activos, no necesariamente en dinero".

"Le hemos entregado al gobierno un proyecto para capitalizar la deuda, indemnizatoria agraria y convertirla en inversión productiva", agrega.

Asimismo, agrega que aquellos bonos "queremos nosotros usarlos para pagar aranceles en la importación de bienes de capital. Para comprar tierras en los proyectos habilitados por el gobierno. Pagar impuestos con ejercicios gravables vencidos, no actuales".

Por ejemplo, Pedro Samaniego tiene varios proyectos de inversión en las tierras que hace treinta años le pertenecieron a su familia y que ahora están abandonadas. Él sostiene que su proyecto no interfiere con los campesinos que habitan la zona.

La comisión que evalúa esta propuesta esta por concluir su informe. Los expropiados y seguramente los propios campesinos de estas tierras hoy abandonadas, hace mas de treinta años que esperan una solución.