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Familiares de víctimas en matanzas de Ayacucho realizarán plantón
Este 3 de mayo, los familiares de las víctimas de matanzas en Cabitos, Accomarca y Cayara, realizarán un plantón para protestar contra la impunidad que protege a los responsables de los terribles crímenes cometidos en 1985 en Ayacucho, durante el gobierno de Alan García Pérez.
Ellos no sólo reclaman justicia con su causa, sino también para la magistrada Cristina Olazábal , quien investigado estos casos. Olazábal no sólo fue tachada como terrorista por militantes apristas, sino que podría ser depuesta de su cargo en la Fiscalía Provincial de Derechos Humanos en Huamanga. Escribe Eliana Huaco / agenciaperu.com
La fiscal Cristina Olazábal, quien investiga algunos de los tantos abusos contra los derechos humanos cometidos en el departamento de Ayacucho durante el gobierno de Alan García, ha pasado de acusadora a incriminada.
El ex presidente García acusó a Olazábal de prevaricato, abuso de autoridad y parcialidad en su investigación, luego que la magistrada lo denunciara, junto a otros funcionarios del gobierno aprista y altos mandos de las Fuerzas Armadas, por su responsabilidad en las matanzas en Cabitos, Accomarca y Cayara.
En diálogo con agenciaperu.com, desde la oficina del Ministerio Público en Huamanga, Olazábal se defendió: “Me calificaron de ‘terruca’ por estudiar en San Marcos en los ochentas. Pero lo cierto es que nunca he tenido un cargo partidario en mi vida. Con esta acusación, están tratando de crear una imagen falsa ante la opinión pública”.
“¿Cómo es posible que me acusen de terrorista, si yo formalicé una denuncia contra Abimael Guzmán por el caso de Lunamarca? ¿Cómo lo podría denunciar si yo fuera senderista?”, se preguntó la fiscal.
Además, Cristina Olazábal refirió que, una vez hecha su acusación contra el ex mandatario, fue víctima de constantes amenazas públicas de destitución por parte del propio García y algunos congresistas del partido de la estrella.
“Hubo un conglomerado de amenazas y quejas, por parte del señor García”, aseguró.
Olazabal actualmente es investigada por la Junta de Fiscales Supremos en Lima. La sanción que se le impondría sería la destitución de su cargo.
DENUNCIANTE Y DENUNCIADA
Según un reporte del diario La República, publicado el 7 de febrero de este año, Genaro Valdez, abogado de Alan García, aseguró que las denuncias de Olazábal (a quien calificó como una “dirigente roja y pro senderista en San Marcos”) carecían de “asidero legal”.
En aquel reporte, el abogado Valdez sostuvo que “los autores de la masacre fueron otros. Las fosas se descubrieron pero nadie sabe cuándo ocurrió”, desmereciendo así la labor investigativa de la fiscal provincial de derechos humanos de Huamanga.
Además sostuvo que García no tenía conocimiento del plan militar Huancayo que dirigió la matanza de 69 campesinos en Accomarca.
“Ella repite las denuncias que responden a la reconstrucción de Sendero Luminoso”, refirió.
“Obedece a sus consignas”, denunció en su momento Valdez. Asimismo, añadió que se había interpuesto una denuncia contra ella para que sea apartada del caso “por estar parcializada y por violar la reserva en el proceso”.
Además acusó a Olazábal de estar coludida con el gobierno y con el FIM, para impedir que Alan García pueda postular en las elecciones del próximo año.
TRASLADARÁN INVESTIGACIONES A LIMA
Pero como si fuera poco para Cristina Olazábal, la Sala Penal Nacional ha decidido trasladar a Lima algunos de los casos que venía investigando, todos ellos relacionados a violaciones de los derechos humanos en Ayacucho.
Agenciaperu.com conversó con Gloria Cano, representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien aseguró que esta acción “sólo logrará retardar los procesos judiciales, dado que los testigos y familiares de las víctimas residen en la zona donde se cometieron los hechos, en este caso, Ayacucho”.
Cano sostuvo además que el traslado de estos casos “generará mayor gasto económico y sobre todo, se alejará una vez más la justicia de las víctimas”.
CARA Y SELLO
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> APRODEH: “El letargo de las autoridades para sancionar a los responsables, a pesar de existir órdenes de detención vigentes y evidencias que confirman los crímenes cometidos; así como los constantes hostigamientos y presiones en contra la fiscal, no hacen más que confirmar la ausencia de voluntad de las autoridades del Estado para hacer justicia”. |
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Pero no todo son acusaciones contra la Fiscal Cristina Olazábal, el otro lado de la moneda lo representan los familiares de las víctimas de Cabitos, Accomarca y Cayara.
Cano sostiene que sus patrocinados apoyan firmemente a la magistrada Olazábal. “Ellos destacan su firmeza y objetividad al frente de las investigaciones realizadas, por lo que desean continúe con su labor”, indicó.
El 11 de febrero de este año, los familiares de las víctimas del atentado de Accomarca hicieron público su apoyo a la Fiscal, manifestando en un comunicado, que a lo largo de veinte años han luchado por “alcanzar la verdad y justicia sin obtener resultado hasta el momento”.
Responsabilizaron directamente al mayor en retiro del Ejército Telmo Hurtado Hurtado, quien habría huido a Colombia cuando se iniciaron las investigaciones de estos crímenes, por cuenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
“Queremos recordar que no solo se trata de 69 víctimas sino del arrasamiento y destrucción de una comunidad entera ya que, tras la incursión militar, se destruyeron las formas de organización, las costumbres y se generó desplazamiento e inseguridad en la población”, manifestaron los deudos de una de las más sangrientas matanzas que sacudió al Perú.
EL PLANTÓN
Es por todo esto, que respaldados por APRODEH y diversas organizaciones que defienden los derechos humanos, los afectados de la violencia política convocan para este 3 de mayo la realización de un acto simbólico para brindar su apoyo a la fiscal Cristina Olazábal,
En este evento, los representantes de dicho grupo acudirán a las instalaciones del Ministerio Público, solicitando a través de una carta a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, su apoyo para Olazábal.
Igualmente, se dirigirán al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para entregar a su representante una nueva carta que contiene su protesta en contra de la directiva que dispuso el traslado de estos penosos casos a una Sala Penal en Lima.
Las organizaciones que impulsa esta iniciativa son: La Asociación Nacional de Familiares Desaparecidos-Casos CIDH, la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADER), Familiares del caso Accomarca, Cayara, Cabitos y El Frontón, entre otros.
Estos grupos instaurarán cada mes una fecha simbólica denominada "Día de Lucha contra la Impunidad" como parte de la campaña que emprenden para hacer frente a la impunidad de la que son víctimas, por parte de nuestras dignas autoridades. |
