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Convocan a movilización en defensa de “El ojo que llora”
agenciaperu.com
Un grupo de familiares de las víctimas de la violencia sufrida en nuestro país durante los años 80s y 90s, convocó a una movilización en rechazo a las pretensiones de destruir el monumento “El ojo que llora”, para este domingo 21 de enero.
“El Ojo que Llora se ha convertido en el único espacio donde como familiares de las víctimas, podemos acercarnos a nuestros seres queridos muertos y después desaparecidos. Es para nosotros una especie de lugar sagrado en donde podemos colocar una flor y recordar a nuestros padres, esposos, hermanos o hijos", reza la convocatoria.
El texto lleva las firmas de un grupo de deudos de las víctimas de las masacres de La Cantuta, Ucchuraccay (Ayacucho) y El Frontón. También suscriben la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y otras organizaciones.
Para ellos, el memorial es una forma de reparación simbólica por sus pérdidas, así como un recuerdo para toda la sociedad peruana que la violencia no trae más que sufrimiento y destrucción.
"Como afectados por la violencia política y a pesar del dolor que nos embarga, durante todos estos años hemos aprendido a tolerar, a comprender el dolor de cada uno de los familiares. Por ello podemos decir que en nuestro corazón no existe ningún ánimo de revancha", expresaron.
Los promotores de esta actividad demandaron al Estado peruano que respete la memoria de las víctimas sin excepción ni prioridad; y que promueva la apertura de otros espacios de memoria, reparación y justicia en todo el país, como parte del objetivo de consolidar una verdadera reconciliación nacional entre todos los peruanos.
DEUDOS DE LA CANTUTA PIDEN ANULAR SENTENCIAS EN FUERO MILITAR
Los familiares de las víctimas de La Cantuta, acompañados de la abogada de APRODEH, Gloria Cano, presentaron hoy al Consejo Supremo de Justicia Militar una solicitud de nulidad de los procesos realizados en el fuero militar sobre su caso.
Para impulsar esa medida, anunciaron que se reunirán con el presidente de la mencionada instancia, el próximo lunes 22 de enero, a las 10 de la mañana.
Los deudos se apoyan en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre del año pasado.
“En su fallo, la Corte estableció que los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad que se cometieron a través de una estructura de poder organizado, es decir, reconoce que los actos llevados a cabo fueron conocidos y coordinados desde las más altas esferas del poder”, afirmó Cano.
Por ello, consideró que el fallo de la CIDH establece que la primera parte del proceso legal, realizada dentro del fuero militar de entonces, no tiene garantías de haber sido imparcial ni objetivo.
Cabe recordar que en agosto de 1994, la sentencia emitida por dicha sala dispuso el archivo definitivo de la causa abierta por el homicidio de nueve estudiantes y un profesor, en contra de Nicolás Hermoza Ríos, Luis Pérez Documet y Vladimiro Montesinos Torres.
“Esto ha impedido que hasta la fecha se formulen cargos, en el fuero común, en contra de estos personajes, pese a haberse comprobado su responsabilidad de cada uno de ellos en los hechos denunciados”, sostuvo.
La asesora legal advirtió que en julio de 2004, un anterior pedido de los denunciantes fue rechazado por el CSJM, con lo cual -señaló- “lo actuado en el fuero militar ha continuado obstaculizando la investigación y el proceso a los responsables del caso”.
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