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Declaran
improcedente acción de amparo que suspende subasta de eléctricas
del sur
agenciaperu.com
El ministro
de Justicia, Fernando Olivera, informó el día de ayer
que el Fiscal Superior de Arequipa, Hugo Ramos, habría declarado
improcedente la acción de amparo dictada por un juez de esa
jurisdicción, que suspendió la privatización
de las empresas eléctricas Egasa y Egesur.
Para Olivera,
con esto se está dando la razón a la posición
sostenida desde hace un buen tiempo por el Estado peruano, que considera
que la titularidad de las acciones de las mencionadas empresas está
en poder de Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado) y del propio Estado, por lo que se habría
actuado conforme a la Constitución y a la Ley.
En declaraciones
que recoge el diario Gestión, el ministro aclaró que
este dictamen del Fiscal Superior será visto en última
estancia por la Corte Superior de Arequipa, donde, dijo "esperamos
y confiamos en que se aplique la Constitución y la ley como
merece un Estado de Derecho".
El titular de
Justicia añadió que el procurador del Estado para
este caso, César Benítez, le aseguró que "habría
sido emitido el dictamen del fiscal superior de Arequipa, que pide
se revoque la sentencia dada por el juez de Primera Instancia de
Arequipa, y en consecuencia, se declare improcedente la acción
de amparo planteada contra la privatización de las empresas
eléctricas arequipeñas".
Por su parte,
el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, afirmó
que respetará la decisión del Poder Judicial en torno
a la privatización de las empresas eléctricas. Sin
embargo criticó que Olivera anunciara que el Fiscal Superior
de Arequipa pidiera la revocación de la sentencia del juez
de primera instancia de esta ciudad, y se declare improcedente la
acción de amparo planteada contra la privatización.
La figura legal
fue planteada inicialmente por el alcalde Guillén, quien,
como se recuerda, encabezó un movimiento popular en contra
de la privatización de las empresas Egasa y Egesur. Gracias
a estas protestas, el gobierno decidió suspender por tiempo
indefinido el proceso de privatización, donde la empresa
belga Tractebel había ganado la buena pro.
NO HABRÁ
RECUSACIÓN
Además
Fernando Olivera anunció que el procurador César Benitez
le comunicó que el Estado ha optado por desistir de la solicitud
de recusación, que había planteado días atrás,
contra los magistrados de Arequipa, quienes consideraron que no
existían las garantías suficientes para dar un fallo
sobre este tema de manera independiente independencia.
"Esa solicitud
de la defensa judicial del Estado Peruano fue materia de cierta
protesta por parte de algunos representantes políticos, y
finalmente la defensa judicial del Estado consideró que no
es intención del Estado Peruano en ningún momento
atizar diferencias con nuestros compatriotas de Arequipa",
argumentó.
"En todo
caso merecía la magistratura arequipeña la confianza
de el país, en cuanto que acá hay que aplicar la ley
y nada más que la ley", acotó.
Como se recuerda, el 13 de junio, Olivera dijo que su despacho denunciaría
al juez del Noveno Juzgado de Instrucción de Arequipa, Deni Álvarez
Quiñónez, por prevaricato, al haber ordenado la suspensión de la
privatización de dos empresas eléctricas sureñas.
PUEDE HABER
NUEVAS PROTESTAS
Ni bien conocida
la noticia, el día de ayer, los dirigentes del Frente Amplio
Cívico de Arequipa (FACA), se reunieron junto al alcalde
Juan Manuel Guillén durante dos horas, donde se analizó
las declaraciones de Fernando Olivera.
A la salida
de la reunión, Guillén declaró que "la
acción de Olivera es una abierta provocación e injerencia
a la administración de justicia que puede generar otra vez
el desencanto de la población".
El alcalde arequipeño,
que asegura que la declaración del fiscal es sólo
una opinión, aseguró que respetará el pronunciamiento
final de la Tercera Sala Civil de Arequipa sobre el caso, así
el fallo les sea desfavorable, ya que, de ser así, quedaría
demostrado que ha existido una injerencia en el Poder Judicial por
parte del Gobierno, en cuyo caso él mimos acudiría,
incluso, al Tribunal Constitucional y a los organismos internacionales.
De otro lado,
en diálogo con CPN Radio, el presidente de la Asociación
de Alcaldes de la Provincia de Arequipa, Simón Balbuena,
dijo que el pueblo y las autoridades de esa ciudad se encuentran
indignados y sorprendidos por las declaraciones del ministro Olivera,
sobre el pronunciamiento del fiscal superior que declaró
improcedente la acción de amparo presentada por el alcalde
Juan Manuel Guillen.
"Vamos
a hacer responsable al señor ministro de lo que pudiera registrarse
en los próximos días en Arequipa", alertó
Balbuena, quien formuló un llamado al presidente Toledo para
que le aconseje a Olivera no cometer "estos desatinos",
ya que podrían darían lugar a que se produzcan nuevas
protestas en la Ciudad Blanca.
Por su parte,
el asesor legal de ProInversión, Percy Velarde, aseguró
que aún no ha recibido algún documento oficial sobre
una posible decisión de la justicia arequipeña de
declarar improcedente la acción de amparo que detuvo la privatización
de Egasa y Egesur.
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