Mazzetti dejó más dudas que certezas al tratar de justificar compra de patrulleros

agenciaperu.com

Esta tarde, la presentación de la Ministra del Interior, Pilar Mazzetti, no colmó las expectativas de los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Mazzetti acudió a este grupo para tratar de explicar por qué su cartera pagó cerca de tres millones de dólares de más por un grupo de camionetas Hyundau Tucson destinadas al patrullaje.

Por ello, la Comisión de Fiscalización decidió por unanimidad abrir una investigación contra la ministra Mazzetti. Además, el presidente de la Comisión, Edgar Raymundo, anunció que para la próxima sesión serán citados los integrantes de los tres equipos técnicos que asesoraron al MININTER en la adquisición de los vehículos.

Durante su alocución, la ministra se refirió ampliamente a la “transparencia” con la que se llevó adelante la licitación, y trató de justificar los altos costos pagados por el Ministerio enumerando una gran cantidad de equipamiento (fuera del costo real) necesario para equipar los patrulleros.

Incluso, Mazzetti llegó a citar al especialista Tomás Unger, de quien aseguró que había declarado que los autos Hyundai cumplían con las especificaciones técnicas de la licitación.

Pero las aseveraciones de la ministra encontraron réplica en el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, quien citó el mismo informe de Unger, aunque en las partes que Pilar Mazzetti había decidido obviar.

“Tomás Unger dice también que el precio unitario adjudicado es el precio de lista para cualquier particular. Sin embargo, agrega que en una compra de 469 unidades es razonable esperar una reducción en ese precio”, señaló.

Ante esto, Mazzetti respondió que dicho precio unitario fue determinado en un estudio preliminar y no pudo reducirse durante la licitación, debido a que el comprador era el Estado y no podía negociar como lo hacen las empresas privadas.

“El Estado está muy limitado para negociar. Durante el proceso, no nos podíamos sentar con una empresa a negociar para que disminuya los precios, porque esto podía llevar a sospecha de alguna clase de favorecimiento”, explicó.

Añadió que el precio previsto por el MININTER para cada camioneta, completamente equipada, fue de $31 mil. Al haber conseguido un precio final de $29 mil 500, se había logrado un ahorro importante.

> CARGAMONTÓN. Mazzetti tuvo que poner buena cara ante serie de preguntas de congresistas insatisfechos con su presentación ante la Comisión. > (foto Congreso de la República)

MÁS CONTRADICCIONES

La Ministra también respondió a las dudas de Velásquez Quesquén, sobre las distintas descalificaciones que sufrió el modelo Tucson Hyundai 4x2 para los patrulleros, entre ellas, la de un estudio especializado del gobierno anterior.

Mazzetti defendió la elección de su despacho, afirmando que se tomó a través de un equipo técnico de especialistas asesorados por la Universidad de Ingeniería, que consultó con la Policía Nacional.

El legislador Raymundo hizo notar las contradicciones entre la información proporcionada por la Ministra y la alcanzada por la directora de la Oficina General de Administración del Mininter, cuestionamiento que Mazzetti prefirió no contestar.

Por su parte el congresista García Belaunde insistió en que el modelo sugerido en dicho estudio era el Nissan Sedan doble cabina, que le habría costado al Estado entre 17 y 18 dólares cada una, pudiéndose adquirir el doble de los vehículos que finalmente se compraron.

“La decisión para este modelo tomó en cuenta la opinión de los usuarios, es decir, la propia Policía Nacional, quien nos entregó un informe que indicó como más adecuado el modelo SUB 4x2 y no el Sedan”, respondió la ministra.

Igualmente, insistió en que la adquisición no fue impugnada por ninguna de las empresas que no ganaron la buena pro y tampoco por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).

Informó que el contrato ya está firmado e incluso se ha pagado 11$ millones, restando 33$ millones por cancelar. Asimismo, afirmó que el Estado peruano no tiene “argumentos legales” para detener esta adquisición.

Por ello, sugirió la convocatoria de un equipo de especialistas neutrales que puedan, a través de conversaciones con la empresa proveedora, reducir los costos, “quizás en unos $200 dólares” por camioneta.

“Yo soy la responsable política y no evado mi responsabilidad. Por eso vendré las veces que sea convocada, al igual que los equipos técnicos y administrativos que participaron en esta adquisición”, expresó Mazzetti.