Diversas voces coinciden en jerarquía de tribunal que juzgará a Fujimori

Escribe Graciela Villasís / agenciaperu.com

Las trayectorias de los magistrados que juzgarán al extraditado Alberto Fujimori, César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado, ofrecen un contexto muy interesante de aciertos, errores y, sobre todo, veredictos que permiten hacerse una idea de lo que ocurrirá en el megaproceso contra el dictador.

El nombramiento de los vocales supremos ha recibido la aprobación de diversos y contrapuestos personajes, como el abogado de Fujimori, César Nakasaki, y el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra.

Nakasaki reconoció que “son buenos magistrados”, mientras que Gamarra estimó que es “un tribunal de lujo, los tres, pero particularmente San Martín y Víctor Prado, son profesores universitarios brillantes y académicos de primera línea”.

Incluso, Gamarra dijo que “cualquier ciudadano merecería tener a esos magistrados si es que alguna vez pisa el Palacio de Justicia”.

CÉSAR SAN MARTÍN: CONDENA A 'EL LUNAREJO' Y ASESORÍA A FUJIMORATO

El 5 de abril de 1992, el entonces vocal de la Corte Superior de Justicia, César San Martín, fue separado del Poder Judicial por decisión del flamante golpista Alberto Fujimori. Sin embargo, en 1993 no tuvo reparos de trabajar para el mismo gobierno como asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia, en manos de Fernando Vega Santa Gadea.

Desde ese puesto, San Martín participó en la elaboración del informe que el régimen fujimorista presentó en 1994 al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en la época en que militares y policías cometían violaciones a los derechos humanos.

Sobre ese informe, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, señaló “que el Estado sabía lo que hacía, en una forma era plantear las dificultades que tenía, era una especie de fórmula de relación con esas instancias internacionales”.

“Era no negar los problemas pero tampoco resolverlos. Es decir, sí hay denuncia contra los derechos humanos, sí hay situaciones y nosotros estamos implementando una normatividad para superarlo”, explicó.

La colaboración de San Martín quedó registrada en el prólogo en los siguientes términos: “Por último, el grupo multisectorial desea manifestar su expreso agradecimiento al doctor César San Martín Castro por haber brindado su asesoría permanente en la elaboración del texto final del presente informe”.

“Se desprende que él tuvo un nivel de asesoría en materia teórica del informe. Es decir, la normatividad vigente, la norma que se había aplicado, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, puntualizó Jugo.

En 1994, San Martín pasó al sector privado y durante diez años formó parte del estudio Benítez, Mercado y Ugaz. Entre las incontables defensas que asumió el bufete, figura el proceso contra los dueños de la empresa pesquera Hayduk: Eudocio Ramírez (a) Olluquito y su socio Luka Baraka, acusados por el delito de tráfico de drogas y lavado de dinero.

San Martín no fue el abogado titular, pero formó parte del estudio defensor. Por esa razón, años más tarde, ya como miembro de la Sala Suprema que debía pronunciarse en última instancia, se excusó de ver el caso, para evitar cualquier conflicto de interés.

Después de renunciar al bufete que compartió con el ex procurador José Ugaz, San Martín regresó a la carrera judicial. Entre sus fallos más importantes, destaca la ratificación de la condena de 20 años de prisión al narcotraficante Fernando Zevallos.

César San Martín es, además, un reconocido académico del Derecho Penal y autor de varios libros de obligada lectura para los estudiantes universitarios.

HUGO PRÍNCIPE: CONDENA A 'EL PADRINO' Y LIBERACIÓN DE LOS WOLFENSON

Por su parte, el vocal supremo Hugo Príncipe tiene en su historial la importante condena al también narcotraficante Reynaldo Rodríguez López (a) “El Padrino”, principal inculpado en el escandaloso caso Villa Coca en 1985.

Desde entonces, se forjó una imagen a prueba de balas que, en su momento, le significó recibir públicos reconocimientos. Aunque, posteriormente, este prestigio se vería empañado por algunos fallos controvertidos.

En julio de 2005, Hugo Príncipe formó parte de la Primera Sala Penal Transitoria que ordenó la excarcelación de los hermanos Wolfenson, reduciendo su pena de cinco años a cinco meses y validando como prisión efectiva los 32 meses que pasaron bajo arresto domiciliario.

Los jueces aplicaron una irregular ley aprobada por el Congreso, que equiparaba el arresto domiciliario con la prisión efectiva. Según Gamarra, “ambas figuras son evidentemente distintas y sus consecuencias y efectos también”, y observó que la ley “era inconstitucional” y que “los magistrados de la Corte Suprema en primera instancia no aplicaron la Constitución”.

Pero el Tribunal Constitucional enmendó la plana a la sala que integró Príncipe y de inmediato declaró inconstitucional la ley Wolfenson, obligando a los beneficiados a regresar a la cárcel.

Luego, en el proceso por la irregular operación del salvataje al banco Wiese en el que estaban involucrados algunos miembros de la familia del mismo nombre y ex funcionaros públicos, la actuación de Príncipe tampoco fue ejemplar.

El ex procurador Iván Meini indicó que “la Segunda Sala Penal Transitoria emitió una resolución en la cual se declaró nulo todo lo actuado por la Primera Sala Superior Especial que preside Inés Villa con el argumento de que no eran competentes”.

“La primera Sala tiene fama además muy bien ganada y de manera lícita de ser una sala objetiva que suele dar pronunciamientos que no son bien recibidos por los procesados por corrupción. Se dice, pues, que muchos no quieren ser juzgados por esta sala”, añadió Meini.

Los cuestionamientos continuaron cuando Príncipe sostuvo que “adquirir un bien con el dinero obtenido ilícitamente del Estado no es delito”, cuando fue vocal ponente en el proceso contra los hermanos Oscar y Enrique Benavides, acusados de ser socios de Montesinos en el tráfico de armas.

Meini observó que si “un sujeto sustrae dinero, lo cambia a dólares y se lo pasa a un tercero, según la Corte Suprema no sería receptación, porque hay una mutación del objeto”.

“En realidad, la responsabilidad penal de estos testaferros no podría establecerse, porque bastaría que sean suficientemente diligentes para pedir un cambio del objeto, para poder ser exonerados de la responsabilidad”, remarcó.

En cambio, en agosto pasado, Hugo Príncipe sentenció a seis años de prisión al ex operador de Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial, Alejandro Rodríguez Medrano.

VÍCTOR PRADO: ELESVÁN BELLO PRESO Y NO DELITO EN FIRMAS FALSAS

El tercer juez del caso Fujimori, Víctor Prado Saldarriaga, es, al igual que César San Martín, un reconocido académico en derecho penal y consultor internacional en tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero.

Prado dictó una condena de seis años de cárcel al ex comandante de la FAP, Elesván Bello, y también tuvo a su cargo la primera fase de la investigación de la compra del avión presidencial, en la cual está procesado Santiago Fujimori, a quien denegó en dos ocasiones la autorización para viajar al extranjero.

Pero también ha tenido fallos discutibles, como el de la fabricación de firmas falsas que cometió el movimiento fujimorista Perú 2000. El tribunal que integró Prado ratificó el fallo de la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros, creada por Vladimiro Montesinos, que determinó que fabricar firmas no constituye un delito de falsedad material, ideológica ni genérica.

Asimismo, en el proceso seguido contra Absalón Vásquez y Juan Carlos Hurtado Miller, Prado votó por declarar nula la sentencia de primera instancia dictada por la sala que preside Inés Villa.

Prado le quitó competencia a esa sala y envió el proceso a un tribunal más condescendiente, corriendo el riesgo de que el caso prescriba.

Finalmente, Ronald Gamarra opinó que “en su larga carrera puede haber puntos de vista discutibles como cualquier profesional, pero el balance es absolutamente positivo, son los mejores magistrados que tiene el Perú”.

“Coincido con muchos que han opinado sobre esto, que dentro de lo que existe en el Poder Judicial, con sus virtudes y defectos, es una sala que tiene las condiciones académicas para dar una respuesta satisfactoria, con independencia de cuál sea esa respuesta”, concluyó Meini.